Las instituciones del refugio y, asociada a él, del asilo constituyen el marco jurídico fundamental para la protección de los derechos humanos de aquellas personas que, por poderosas razones, no pueden o no quieren disfrutar de las garantías que debiera otorgarles el país del que proceden.

Sin embargo, la vinculación del fenómeno de los refugiados al de la inmigración, y su tratamiento como complementario a la regulación del flujo de extranjeros, ha determinado sustanciales cambios en la aproximación a dicho fenómeno, tanto desde la óptica de la UE como desde los ordenamientos internos de los Estados Miembros, siempre en un delicado equilibrio entre su vocación de adalides de la protección de los derechos fundamentales y la contención del «efecto llamada» que provoca el bienestar del Viejo Continente. Una buena muestra de ello es la reciente reforma legislativa en España.